La Corte de Apelaciones de Santiago aumentó a 12 años de presidio las penas que deberán cumplir dos miembros en retiro de Carabineros, condenados por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Ricardo Abraham Pérez Cárdenas. Ilícito perpetrado el 5 de octubre de 1973, en Calama.

En fallo unánime (causa rol 896-2017), la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Rivera, Sergio Córdova y la abogada (i) Claudia Chaimovich– subió de 10 años y un día a 12 años de presidio la pena que deberán purgar Raúl Aránguiz Muñoz y Aquiles Gallegos Fuentes, en calidad de autores del delito.

En la etapa de investigación, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer que tras el 11 de septiembre de 1973, en el Departamento de El Loa se constituyó una unidad operativa de inteligencia con funcionarios de la 1º Comisaría de Calama, destinada a efectuar allanamientos y medidas intrusivas, contrarios a los derechos humanos.

En dicho contexto, el 30 de septiembre de 1973, un grupo de policías detiene a Pérez Cárdenas en su domicilio en la ciudad de Calama, trasladándolo hasta el retén Río Loa, también conocido como retén Dupont, "donde fue inhumanamente interrogado acerca de un presunto armamento oculto, que presumiblemente habría estado enterrado en uno de los cerros cercanos a Calama".

"Luego de interrogatorios bajo tortura, el día 5 de octubre le sacan del retén donde se encontraba detenido y según la versión oficial difundida por un bando militar, para dirigirse con él al cerro ‘Moctezuma' donde posiblemente tenía oculto el armamento".

"Una vez llegado al lugar, le obligan a desenterrar las armas, pero encontrándose en esa labor la víctima Rodrigo Pérez habría aprovecha un descuido para tomar un arma e intentar dispararle con ella al personal de Carabineros, quienes en respuesta a esa supuesta sublevación, lo habrían acribillado con sus armas de servicio, causándole la muerte en el acto a consecuencia de los 22 impactos de proyectil que recibió".

En el aspecto civil, el fallo de la Corte de Santiago confirmó la sentencia que condenó a los sentenciados y al Estado de Chile a pagar solidariamente, por concepto de daño moral, la suma total de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos) a familiares de la víctima.

Fuente: Corte Suprema