Familiares de ejecutados políticos y organizaciones de trabajadores se manifestaron en el frontis de la Corte Suprema, contra la decisión de la corte de dejar librea 6 criminales de lesa humanidad. A continuación la carta que se entregó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia:

Santiago de Chile, 08 de agosto de 2018

Señor

Haroldo Brito Cruz

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Presente.

De nuestra consideración:

Me dirijo respetuosamente a Ud., en mi calidad de Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, y, en tal sentido, en representación de cada una de mis compañeras y de mis compañeros de la Agrupación, ante la grave y oprobiosa agresión a las víctimas y a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado, que sufrimos los crímenes perpetrados por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar que nos afectó en el pasado reciente, agresión que se expresa, por ejemplo, en las desproporcionadas condenas, por lo bajas, que por lo general imponen los jueces que conocen y juzgan estos casos a los criminales que cometen crímenes de lesa humanidad, sancionándolos como si hubiesen cometido crímenes comunes, y que se manifiesta, también, en los fallos recientemente dictados durante la semana pasada por la Corte Suprema, a través de los cuales se concedió la libertad condicional a 6 criminales de lesa humanidad, inobservando el derecho interno y el derecho internacional.

Para nuestra Agrupación, esta es una situación extremadamente dolorosa y, desgraciadamente, nos lleva a recordar los terribles 17 años de la dictadura cívico-militar, época en la cual el Poder Judicial fue cómplice del plan criminal desplegado por quienes dirigieron esa dictadura, una de las más nefastas y tristes de nuestra historia.

Nos cuesta comprender cómo sujetos que no tienen consciencia de los crímenes causados, no tienen consciencia del daño causado y justifican, hasta el día de hoy, la comisión de crímenes de lesa humanidad, se encuentren corregidos y rehabilitados para su incorporación a la vida en sociedad, como lo exige el artículo 1º del Decreto Ley Nº 321 de 1925, que establece y regula la libertad condicional. Para los jueces que concurrieron a las decisiones cuestionadas, parece que aquellas constataciones -realizadas por funcionarios públicos que evaluaron a estos sujetos, y en las cuales ahíncan sus fundamentos la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago, para rechazar a estos sujetos la libertad condicional-, son insulsas.

Lo ocurrido durante la semana pasada con la dictación de los fallos cuestionados, no puede volver a ocurrir en un Estado como el nuestro, respecto del cual se predica ser democrático y constitucional de derecho. Exigimos que los juzgadores que concurrieron a tales decisiones reflexionen, por sobre todo desde el derecho y desde lo ético, acerca de las decisiones adoptadas, ya que ellas afectan el deber de sancionar crímenes de esta naturaleza que tiene nuestro Estado y el deber de reparar integralmente a las víctimas, dos obligaciones trascendentales del Estado, en materia de Justicia Transicional. Correlativos a tales deberes, están los derechos de las víctimas a una Justicia en el plano penal y a una reparación íntegra. Para quienes integramos esta Agrupación, la reparación a las víctimas se cumple si los condenados terminan de cumplir, efectivamente, la condena impuesta por los mismos Tribunales de Justicia.

Como ya se anticipó, creemos que se ha violado uno de los principios trascendentales en materia de Derecho Penal, y que rige también en el ámbito del Derecho Internacional Penal, y que nos dice que las penas que se debe imponer a macrocriminales de lesa humanidad tienen que ser proporcionales, atendida la gravedad de los delitos cometidos. Recordemos que los crímenes de lesa humanidad son crímenes de una gravedad intrínseca muy alta, afectado múltiples bienes jurídicos, entre ellos, uno colectivo

extremadamente relevante, cual es, la humanidad, y que, en nuestro caso, estos crímenes fueron cometidos por agentes del Estado, quienes se valieron de todo el aparataje estatal para su comisión.

Con los fallos cuestionados, la Corte Suprema está desconociendo fuentes de derecho internacional: desconoce acuerdos y tratados en materias de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Chile, actualmente vigentes, y normas consuetudinarias de derecho internacional.

Denunciamos que los jueces de la Corte Suprema que concurrieron a estos fallos expresan un afán de impunidad, en consonancia con las promesas del Presidente Sebastián Piñera, quien entregó a la familia militar su palabra de dejar en libertad a los violadores de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

Lo que la Corte Suprema nos está diciendo ante la impunidad y la libertad de estos criminales, es legitimar los crímenes de lesa humanidad como mecanismo de resolución de conflictos políticos, lo que es extremadamente grave, ante la falta de justicia histórica que hemos vivido los familiares de las víctimas.

Creemos que ustedes, quienes integran la Corte Suprema, con este tipo de decisiones, están profundizando la falta de verdad y Justicia, lo que constituye un grave menoscabo para la convivencia y la paz social nacional.

La Justicia y la verdad ante actos tan deleznables como los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura, deben ser un imperativo en nuestra sociedad. Ustedes, en su calidad de garantes de la Justicia y encargados de tutelar los derechos fundamentales de las personas -entre otros, los ya señalados derechos a la Justicia en el plano penal y a la reparación-, con estas decisiones, no están promoviendo los valores democráticos que deben imperar en nuestra sociedad.

Exigimos verdad, Justicia y reparación, y no impunidad ante los crímenes del Terrorismo de Estado, ocurridos durante la dictadura cívico-militar.

 

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP

Fundación Víctor Jara

Confederación de Trabajadores del Cobre